El abandono estatal y la crisis social

La guerra no llega únicamente a través de las balas y los operativos militares. También se expresa mediante el deterioro de los servicios públicos y la restricción de derechos. La reducción del Estado, reflejada en la fusión de ministerios durante 2025 y en los recortes presupuestarios de 2026, afecta de manera desproporcionada a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad.

El sistema público de salud enfrenta una grave escasez de insumos médicos. Se han registrado muertes de neonatos, niñas y niños, así como fallecimientos de pacientes por falta de acceso a tratamientos de diálisis. En el ámbito educativo, la deserción escolar alcanza niveles preocupantes y numerosos planteles permanecen abandonados o destruidos.

Para muchas familias, especialmente aquellas con niñas y jóvenes, el horizonte de posibilidades se estrecha dramáticamente. Se pasa de imaginar un futuro con educación y oportunidades a luchar diariamente por sobrevivir. Como señala una líder comunitaria:

"Antes soñábamos con que nuestras hijas estudiaran; ahora solo queremos que la mafia no las vea, que no las recluten y que no se mueran".

En abril de 2026 se produjeron despidos masivos de personal médico y docente. Además, según la ENEMDU, más de 400.000 personas dejaron de formar parte del empleo pleno. A ello se suma la decisión gubernamental de aplicar impuestos a productos básicos como el pan, la leche y los edulcorantes. ¿Qué se espera que hagan las, los y les ecuatorianos sin empleo, sin acceso adecuado a salud y educación, y enfrentando un costo de vida cada vez más alto?

Esta guerra es racista, clasista y patriarcal. No impacta a todos por igual. Golpea con especial crudeza a barrios afrodescendientes, territorios indígenas y comunidades empobrecidas. No se trata de un accidente ni de un desborde institucional: es una forma de gobernar que decide quién merece protección y quién puede ser abandonado, controlado, encarcelado o asesinado.

La respuesta social y transfeminista

Frente a la violencia, la militarización y el debilitamiento de las garantías democráticas, organizaciones comunitarias, feministas, transfeministas, de diversidades, pueblos y nacionalidades continúan sosteniendo redes de cuidado, protección y supervivencia colectiva en todo el país.

En barrios populares, comunidades rurales y espacios organizativos, el cuidado colectivo se ha convertido en una estrategia fundamental para enfrentar la violencia, el miedo y la precarización de la vida.

Una de estas experiencias es el Encuentro Pluriversal de Sanación, impulsado por una red diversa de organizaciones, individualidades, pueblos y nacionalidades. Realizado en territorio de la comuna ancestral Tola Chica, en el Ilaló, este proceso entiende la sanación como una práctica colectiva, territorial y profundamente política, que fortalece vínculos comunitarios y capacidades organizativas en contextos atravesados por múltiples violencias.

Con el apoyo del Global Resilience Fund, el fondo humanitario y de respuesta a crisis de Purposeful, que canaliza recursos hacia niñas y jóvenes feministas afectadas por crisis y que participan activamente en la respuesta a ellas.

Varias iniciativas han fortalecido procesos de documentación y memoria vinculados a luchas contra el extractivismo, la militarización y otras formas de violencia estructural. En un contexto marcado por la censura y el miedo, documentar se convierte también en una forma de resistencia, preservando voces que suelen quedar fuera de los relatos oficiales y disputando narrativas que criminalizan o invisibilizan a las comunidades organizadas.

Esta apuesta también se refleja en experiencias como Camaleón Medio, un medio independiente de Cuenca integrado por mujeres jóvenes que realizan periodismo con enfoque de género y derechos humanos. Su trabajo ha contribuido a visibilizar movilizaciones en defensa del agua, marchas feministas, acciones por justicia frente a femicidios y desapariciones forzadas, así como diversas luchas por los derechos humanos y la justicia social.

En ciudades profundamente afectadas por la violencia, como Guayaquil, el fortalecimiento de organizaciones comunitarias ha permitido sostener espacios de feminismo popular, procesos educativos para niñeces y juventudes, iniciativas solidarias y redes de apoyo mutuo.

En territorios atravesados por la precarización y el miedo, estos espacios continúan siendo fundamentales para preservar la esperanza, fortalecer la organización colectiva y defender la vida.

Son jóvenes feministas, junto a sus comunidades, quienes sostienen redes de cuidado cuando las instituciones fallan, documentan las violaciones a los derechos humanos cuando otros guardan silencio y creando espacios de aprendizaje, organización y resistencia.

Su liderazgo demuestra que las comunidades no son únicamente víctimas de la crisis: son también protagonistas de las respuestas.

Apoyar, proteger y financiar el trabajo de las jóvenes feministas y las organizaciones comunitarias es esencial para fortalecer la democracia, la justicia social y la capacidad colectiva de imaginar y construir otros futuros posibles.